Desde que asumió la presidencia en enero de 2024, Bernardo Arévalo de León ha convertido la lucha contra la corrupción en el eje central de su administración. Sin embargo, sus esfuerzos se han enfrentado a un conflicto abierto con el sistema judicial, particularmente con la Fiscal General Consuelo Porras, quien ha sido señalada por bloquear investigaciones y obstaculizar las iniciativas de transparencia.
Contexto político: un mandato con promesas de cambio
El triunfo electoral de Arévalo representó una ruptura con las élites políticas tradicionales. Su partido, Movimiento Semilla, llegó al poder con la promesa de:
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Combatir la corrupción estructural que ha debilitado las instituciones durante décadas.
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Reformar el sistema de justicia para garantizar independencia y eficacia.
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Fortalecer la democracia mediante la transparencia y la rendición de cuentas.
No obstante, los primeros meses de gobierno estuvieron marcados por una resistencia institucional significativa, que incluyó intentos de suspender la personalidad jurídica de su partido incluso después de las elecciones.
Conflicto con la Fiscalía General
La principal confrontación de Arévalo ha sido con la Fiscalía General del Ministerio Público, dirigida por Consuelo Porras. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han acusado a la fiscal de:
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Interferir en casos clave de corrupción.
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Perseguir a fiscales y jueces independientes.
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Mantener redes de protección política en el sistema judicial.
El presidente ha solicitado su renuncia en reiteradas ocasiones, alegando que su continuidad mina la confianza pública y frena los avances en materia de justicia. Sin embargo, la Constitución otorga al fiscal general un mandato de cuatro años, lo que limita la capacidad del Ejecutivo para destituirla (americasquarterly.org).
Reformas e iniciativas anticorrupción
El gobierno de Arévalo ha impulsado una serie de medidas que buscan transformar el sistema de justicia y mejorar la transparencia:
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Creación de una comisión presidencial anticorrupción, con funciones de monitoreo y coordinación de esfuerzos interinstitucionales.
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Propuesta de reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, para eliminar los mecanismos que facilitan la sobrevaloración de obras públicas.
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Promoción de alianzas con organismos internacionales, con el fin de fortalecer las capacidades de investigación y protección de jueces y fiscales independientes.
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Impulso de leyes de acceso a la información y control de financiamiento electoral.
Estas propuestas enfrentan dificultades en el Congreso, donde los partidos tradicionales mantienen una mayoría que diluye o bloquea las reformas.
Riesgos para la democracia
La tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía General genera varios riesgos para la gobernabilidad democrática:
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Parálisis institucional: proyectos de ley quedan estancados ante la falta de consensos.
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Judicialización de la política: el uso de procesos legales para deslegitimar opositores o aliados del gobierno.
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Debilitamiento del Estado de derecho: la percepción de impunidad socava la confianza ciudadana en las instituciones.
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Protestas sociales: sectores de la sociedad civil han salido a las calles para exigir la destitución de Porras y el avance de las reformas.
Apoyo internacional y presión externa
Diversos organismos como la OEA, la ONU y la Unión Europea han manifestado su preocupación por la falta de independencia judicial en Guatemala y han respaldado las iniciativas de transparencia del gobierno. Estados Unidos ha mantenido sanciones contra funcionarios acusados de corrupción, incluida la fiscal general, por obstruir la justicia (reuters.com).
Conclusión: ¿hacia dónde va la reforma?
La lucha de Bernardo Arévalo contra el sistema judicial no solo define su administración, sino también el futuro democrático de Guatemala. Lograr una reforma que permita independencia en la investigación y sanción de la corrupción es un proceso complejo que requiere:
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Voluntad política en el Congreso.
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Movilización ciudadana para exigir cambios estructurales.
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Acompañamiento internacional que garantice protección a operadores de justicia.
La batalla entre el Ejecutivo y la Fiscalía es, en realidad, una confrontación entre un modelo que busca mantener privilegios y otro que pretende construir un Estado moderno y transparente.